El Gobierno de Lula da Silva (Brasil) reveló el sábado pasado un informe oficial, el cual concluye que 99 menores de edad, pertenecientes a la comunidad indígena yanomamis, murieron el año pasado por desnutrición, malaria, neumonía, contaminación por mercurio y paludismo; producto de las omisiones de funcionarios públicos de pueblos originarios sobre la salud de estas comunidades.
Además, las autoridades encontraron muchos casos de menores de edad con desnutrición grave, malaria, infecciones respiratorias y otras diversas complicaciones de salud que fueron desatendidas estratégicamente por el anterior Gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro, quien mediante la promoción de la tala y minería ilegal por desfinanciar las medidas proteccionistas, ha reducido la resistencia de los pueblos indígenas.
Por los resultados del informe y las pruebas documentales sobre las afecciones sufridas por el pueblo originario yanomamis, el Gobierno anunció este martes que 54 personas fueron destituidas, entre funcionarios, jefes regionales, coordinadores y militares. Un total de 11 coordinadores de la Secretaría de Salud indígena (Sesai) tuvieron que dejar sus cargos, además de 43 jefes estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
Esto se da luego de que Lula da Silva se pronunciara sobre el padecer del pueblo yanomami. “Más que una crisis humanitaria, lo que vi Roraima (región de los yanomamis) fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño”, apuntó.
Pueblos indígenas celebran el fin de la era Bolsonaro
El expresidente de Brasil, que gobernó hasta el 31 de diciembre de 2022, fue denunciado por las comunidades indígenas del gigantesco país innumerables veces. Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan de desmantelamiento del anterior Funai, tal como lo anunció en campaña. Horas después de tomar el poder, Bolsonaro ordenó que el Funai sea transferido al Ministerio de Agricultura, lo que facilitó la expansión de la agroindustria en territorios de pueblos originarios.
Por otra parte, los índices de deforestación en territorios indígenas (práctica ilegal) aumentaron en un 138% durante los tres primeros años de Bolsonaro. Los antropólogos fueron reemplazados por policías y militares. Estas acciones tuvieron repercusiones a nivel internacional. Alemania y Noruega congelaron la transferencia de 75 millones de euros para la protección del Amazonas, medida que se restauró con la llegada de Lula al poder.
